Durante siglos y con muy pocas excepciones, la característica de los contratos tradicionales entre universidad y sociedad fue de confianza mutua. Desde su surgimiento y durante siglos, la misión de la universidad fue la de formar a las personas calificadas para el desempeño en un conjunto de diversos roles, enseñando con ese fin y acreditando a los graduados que poseían los saberes requeridos para producir ciertos bienes y servicios, pero también, en un sentido más amplio, para deinir políticas y dirigir los destinos de la sociedad en lo cultural, económico y político. Más tarde, otra misión se agregó a la tradicional de formar a sus estudiantes. La llamada “primera revolución académica", identificada particularmente con el proyecto de la universidad prusiana de Wilhem von Humboldt e implementada sistemáticamente a partir de mediados del siglo XIX, convocó a la universidad a producir conocimiento a través de la investigación.
Este conocimiento, dado el carácter público de la misión institucional de la universidad, era entregado por ésta a la sociedad sin restricciones, asumiendo, indiscutiblemente, que esa era su obligación. Pero, de acuerdo con tendencias que se fueron desarrollando a partir de los comienzos del siglo XX, la intervención de la universidad en los asuntos públicos tendió a adoptar un nuevo perfil, el de un distanciamiento crítico respecto de la toma de decisiones políticas del estado a la vez que de fortalecimiento de la demarcación de su propia autonomía. De ese modo, esta distancia crítica entre universidad y gobierno, así como la cercanía deliberada entre universidad y sociedad, dejaron su marca en las concepciones y las prácticas de las misiones de docencia, investigación y, algo más adelante, en las de extensión universitaria.
Fil: Camilloni, Alicia R. W. de. Universidad de Buenos Aires; Argentina